Con el inicio de la democracia en España a finales de los años 70 el país tuvo que reinventarse y modificar los criterios establecidos a través de sus políticas migratorias, ya que pasó de ser un país que producía emigrantes a ser receptor de la inmigración proveniente de muchas partes del mundo, por lo tanto, España y muchos otros países de la Unión Europea, tuvieron que establecer criterios para afrontar problemas que están próximos a hacerse evidentes, como es el envejecimiento y la despoblación de muchas zonas rurales en las economías.
Por todo ello, España ha ido aprovechando los efectos de la globalización para internacionalizarse y regular los procesos de movilidad de personas extranjeras, con el objetivo de reactivar la economía y la creación de fuentes de empleo, por lo que debemos reconocer que nuestro país ha sido pionero en la creación de normativas que permiten la movilidad de ciudadanos de terceros países, como la Ley 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su reglamento, o la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, las cuáles buscan que existan una movilidad regulada, a través de distintos procesos establecidos en las normativas.
Con el presente artículo se pretende analizar el papel de las Administraciones Públicas, enfocándonos en el Sistema Jurídico – Migratorio español, para determinar si el papel que juegan dichas Administraciones en la resolución de los procedimientos es acorde y se enmarca en la Ley, o si, por el contrario, existen vacíos en la actuación de las Administraciones Públicas, y no se aprovecha el objetivo de las leyes migratorias, para sacar el mayor rendimiento posible.
- Se busca hacer un análisis de los procesos migratorios incluidos en la normativa española.
- Se busca analizar el papel de las Administraciones Públicas en la resolución de los procesos migratorios.
Fuente y texto completo: OBIMID
Resumen: Lucia Maggiolo y Danthe Menes