En 2017 se tramitaron solo 28.077 peticiones, un 78% menos que el año anterior, y quedaron más de 400.000 solicitudes pendientes
La digitalización de la Administración ha tenido una consecuencia inesperada que afecta a cientos de miles de inmigrantes en España. El Gobierno lanzó el Plan Intensivo de Nacionalidad en 2012, el cual solo se tramita de forma telemática desde 2015 para agilizar el proceso. Sin embargo, en 2017 se resolvieron un 78% menos de solicitudes que el año anterior por “un error informático”. Las peticiones también bajaron, pero solo un 19%. “La reducción [en las resoluciones] se debe a la migración de la aplicación informática, que se ha prolongado más de lo previsto y lo ha retrasado todo”, justifican fuentes de Justicia.
“Llevo ya casi cuatro años esperando”, explica Rosemary Moraes, brasileña de 51 años que vive en Madrid desde hace una década y tramitó su solicitud en diciembre de 2014: “No creo que haga falta tanto tiempo para resolver un expediente. Me siento frustrada”. Ella es uno de los ejemplos que pone de manifiesto que el sistema actual no da abasto. Ya no solo en 2017, cuando se resolvieron solo 28.077 peticiones, sino por el cúmulo de solicitudes anteriores sin resolver. A finales de 2017 había 409.889 pendientes, según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia.
Pese a estas cifras tan abultadas, desde el organismo creen que la situación se resolverá: “En noviembre y diciembre se tramitaron casi la mitad de las de todo el año [unas 14.000]”. Sin embargo, si se mantiene este ritmo durante 2018, solo se llegaría a 84.000 expedientes cerrados y sería el segundo ejercicio con menos resoluciones de los que hay cifras (desde 2010).
“Hay que repensar el modelo actual porque hay un atasco muy grande”, aseguran desde el Defensor del Pueblo, que añade en su Informe anual de 2017: “Esto no solo afecta al solicitante, también a los miembros de su familia que pueden caer en situación de irregularidad documental, a pesar de contar con largos periodos de residencia legal en España”. Una circunstancia que se repite en multitud de casos, como el de Nadiya Balaban, ucraniana de 24 años que vive en Borja (Zaragoza). “Llegué a España cuando tenía nueve años. Presenté mi solicitud en diciembre de 2016, después de hacer los exámenes necesarios y cumplir todos los requisitos, pero todavía sigo esperando”, asegura.
Entre los más de 400.000 afectados, muchos acuden con desesperación a asociaciones y despachos de abogados, aunque tienen poco éxito a la hora de acelerar los procesos. Iván Santos, director de la asociación Aculco, se muestra incrédulo ante la razón que argumenta Justicia: “No puede ser un problema informático, eso no habría supuesto una bajada tan grande. Se dice que Europa le ha pedido a España que frene el número de nacionalizaciones, pero no se si este será el motivo real”. Desde Aculco apuntan que el retraso actual provoca además problemas de integración y dificulta el acceso a servicios como la sanidad y el colegio para los niños, entre otros.
Los despachos de abogados también consideran que la razón del atasco es política. Guillermo Morales, director de LegalTeam, cree que hace falta intención para acabar con el problema. “Es una tomadura de pelo decir que es un error informático. Lo que no hay es voluntad política. La mayoría son casos que trabajan aquí, están casados, tienen hijos…”. Una posición en la que está Emmanuel Aidoo, natural de Ghana, de 30 años, afincado en Girona. “Llevo 11 años aquí, casado con una española desde hace cinco y con dos hijos”. Presentó su solicitud en mayo de 2016, pero todavía sigue sin respuesta.
Más de 300 euros
Morales asegura que el Gobierno está tratando de evitar el aumento de la lista dificultando el acceso a las peticiones y no con más rapidez en las resoluciones. Desde finales de 2015, los solicitantes deben hacer un examen de idioma en el Instituto Cervantes (124 euros el más barato) —excepto para los países de origen de habla hispana—, otro de conocimientos constitucionales y socioculturales, también del Cervantes (85 euros), y pagar una tasa para presentar la solicitud (100 euros). Esto suma 309 euros, a los que hay que añadirle el coste de los documentos necesarios del país de origen, por los que también tienen que pagar (certificado de nacimiento, de antecedentes penales, si tiene un hijo el certificado de nacimiento…). Todo ello ha provocado un descenso de solicitudes, aunque a menor ritmo que de las resoluciones. Por lo tanto, el problema continúa agravándose.
“El plan de nacionalidad se está usando como una fuente de ingresos para el Estado si se compara lo que se invierte y lo que se recauda”, esgrime Morales. Y todo para comenzar un proceso que no se sabe lo que demorará. El estadounidense Omar Shanaa, de 30 años, es uno de los que se ha embarcado hace poco en este viaje y forma parte de ¡Nacionalidad Ya!, una asociación de afectados que acaba de nacer. “En EE UU es difícil tener la nacionalidad, pero cuando cumples los requisitos es mucho más rápido. Aquí esto no ocurre. Me parece poco serio que la ley diga que se debe tardar un año como máximo y tengamos que esperar más de tres”, reclama.
Fuente: El pais